Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.

Desde COPARMEX Ciudad de México expresamos nuestro respaldo firme e inequívoco a Grupo Herdez frente a los hechos que ha denunciado y a los elementos que han salido a la luz sobre un presunto esquema de fraude procesal. Las declaraciones conocidas en torno al expediente apuntan a la posible simulación de una relación laboral y a maniobras encaminadas a obtener beneficios económicos indebidos. Una situación de esta gravedad no debe minimizarse ni quedar sin un esclarecimiento completo.

Grupo Herdez, como cualquier otra empresa en México, tiene derecho a procedimientos legítimos, autoridades imparciales y una defensa efectiva de su patrimonio. Su tamaño, trayectoria o capacidad económica no pueden convertirse en razones para restarle importancia a las afectaciones que denuncia. La justicia no se mide por el número de empleados, la facturación o el reconocimiento de una marca: se mide por la legalidad de los actos y el respeto a los derechos de quien acude a ella.

Es indispensable decirlo con claridad: una empresa grande también puede ser víctima de abusos. Y cuando existen elementos que apuntan al uso indebido de un procedimiento judicial, la obligación del Estado es investigar con rigor, proteger a la parte afectada y garantizar que ninguna actuación contraria a derecho quede impune. La fortaleza económica de una compañía jamás puede utilizarse como argumento para tolerar una injusticia.

En el caso de Grupo Herdez, se han difundido declaraciones incorporadas a la investigación que cuestionan la existencia de la relación laboral que dio origen al litigio, así como señalamientos sobre exigencias económicas y posibles embargos. No se trata de restar valor a los derechos laborales, que defendemos plenamente, sino de distinguir una reclamación auténtica de aquellas conductas que, de acreditarse, representarían una utilización fraudulenta de los mecanismos de justicia.

Asimismo, un tribunal colegiado federal concedió a Grupo Herdez una suspensión definitiva para que el desistimiento de la acción penal no detuviera el procedimiento y éste continuara su curso. Esa determinación debe ser respetada en sus términos. No constituye una sentencia de culpabilidad, pero sí confirma la importancia de que el caso sea examinado por las autoridades competentes y de que la empresa no vea frustrado su derecho a buscar justicia.

La protección de Grupo Herdez no es una concesión especial por su relevancia empresarial. Es el reconocimiento de una regla que debe proteger a todos: ninguna persona ni organización puede quedar indefensa ante posibles irregularidades judiciales. Si una microempresa merece una respuesta pronta y justa, una empresa de gran tamaño merece exactamente lo mismo. Ni más privilegios ni menos derechos.

Detrás de una empresa hay trabajadores, familias, proveedores, cadenas de suministro e inversiones que también pueden resentir los efectos de una actuación indebida. Pero incluso al margen de su contribución económica, existe un principio que no admite excepciones: nadie debe soportar un procedimiento irregular sólo porque se considere que tiene recursos suficientes para resistirlo.

Por ello, desde COPARMEX CDMX exigimos a las autoridades federales y locales que este asunto se atienda con la seriedad que merece, se cumplan las resoluciones judiciales, se investiguen a fondo las conductas denunciadas y, en caso de acreditarse ilícitos, se sancione a quienes resulten responsables y se reparen los daños conforme a derecho. Ninguna investigación debe ser frenada por presiones, intereses particulares o consideraciones ajenas a la ley.

También es necesario fortalecer la vigilancia, la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones de procuración e impartición de justicia. La independencia judicial es irrenunciable, pero no puede confundirse con ausencia de controles. Cuando un procedimiento genera señalamientos tan graves, la respuesta institucional debe ofrecer claridad, no incertidumbre.

Nuestro respaldo a Grupo Herdez es plenamente compatible con la presunción de inocencia, el debido proceso y la defensa de los derechos de los trabajadores. Nadie debe ser condenado de antemano; tampoco debe desestimarse la posición de una empresa que se considera agraviada. Defender la justicia exige investigar los hechos, respetar las garantías de todas las partes y evitar que los instrumentos legales sean usados para fines distintos de aquellos para los que fueron creados.

Reiteramos nuestra solidaridad con Grupo Herdez y respaldamos su determinación de acudir a las vías legales para defender sus derechos. No sería aceptable que el tamaño de la compañía opacara la gravedad de los hechos denunciados o debilitara su derecho a obtener una respuesta de las autoridades. Este caso debe sentar un precedente de respeto a la legalidad para todas las empresas, desde la más pequeña hasta la más grande.

México necesita instituciones capaces de distinguir entre un reclamo legítimo y un posible abuso del sistema de justicia, de corregir irregularidades y de dar certeza a quienes invierten y generan empleo. Cuando se vulneran los procedimientos, no sólo se afecta a una empresa: se erosiona la confianza en la ley que debe protegernos a todos.

Desde COPARMEX Ciudad de México seguiremos acompañando la exigencia de justicia para Grupo Herdez y defendiendo el derecho de toda empresa a ser tratada con equidad. Porque la legalidad no depende del tamaño de quien la reclama. Y porque proteger a una empresa frente a una injusticia es defender el Estado de derecho para todos.