Reconocemos la prioridad que la Jefa de Gobierno ha dado a la protección de quienes rentan una vivienda y agradecemos su disposición al diálogo.

Valoramos que en toda su administración han existido espacios de escucha activa y asertiva de su Gobierno para seguir trabajando en unidad por el bien de la Ciudad y la de sus habitantes.

Asimismo, agradecemos al Congreso de la Ciudad de México el espacio de participación en el Parlamento Abierto.

Compartimos el objetivo de prevenir incrementos desproporcionados y dar estabilidad a las familias. Para alcanzar ese propósito, consideramos importante que la regulación también favorezca la conservación y generación de vivienda en renta, ampliando las opciones para quienes buscan un hogar.

Proponemos que el límite anual de incremento conforme a la inflación se mantenga durante la relación de arrendamiento y sus renovaciones con la misma persona. Al terminar la relación de arrendamiento y celebrarse un contrato con una persona arrendataria distinta, planteamos que las partes puedan acordar libremente la renta inicial, sobre la cual volvería a operar el límite anual.

Este ajuste busca evitar que una renta pactada bajo circunstancias particulares condicione indefinidamente contratos posteriores y reduzca los incentivos para conservar, mejorar y ofrecer viviendas en alquiler. Se trata de proteger a quienes hoy rentan sin reducir las opciones de quienes necesitan hacerlo.

También aportaremos propuestas sobre el Registro Digital, la efectividad de las garantías y el funcionamiento imparcial de la Defensoría, para fortalecer la certeza de las relaciones de arrendamiento.

Las organizaciones integrantes del G9 participaremos con disposición al diálogo y propuestas concretas para contribuir a una ley que proteja a las personas inquilinas y genere condiciones para ampliar la disponibilidad de vivienda en la Ciudad de México.