La capital dio un paso importante hacia una política de cero clausuras para negocios de bajo impacto. Esta es la idea central de Adal Ortiz Ávalos en su columna “Próxima estación: cero extorsiones”, publicada el 15 de octubre de 2026 en El Financiero.

El autor explica que el acuerdo, anunciado el 1 de octubre por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, es resultado de meses de diálogo entre el Gobierno capitalino y el sector empresarial organizado en el G9, del que forma parte COPARMEX CDMX. De ahí surgió un nuevo modelo de verificación del INVEA que busca proteger a los comercios de cierres por irregularidades administrativas que pueden corregirse. La columna reconoce a Manola Zabalza, Juan Pablo de Botton y Jorge Esquinca, titular del INVEA, por repensar la relación entre gobierno y ciudadanía.

Ortiz Ávalos detalla que el Código Avisa contempla hasta tres avisos preventivos para establecimientos de bajo impacto y dos para los de impacto vecinal antes de suspenderlos, mientras que los negocios de alto impacto mantienen controles más estrictos y cualquier riesgo grave exige la intervención inmediata de la autoridad.

Para que el modelo funcione, subraya, hace falta el acompañamiento de la sociedad civil y del sector empresarial. Por ello, COPARMEX CDMX prepara un índice público de suspensiones y clausuras y una plataforma para denunciar posibles extorsiones de autoridades, de forma anónima o con identidad, con protección de datos personales. Estos instrumentos serán la base de un acuerdo que se pedirá firmar a los titulares de las 16 alcaldías y a quienes aspiren a gobernarlas.

La columna concluye con un llamado a construir una cultura que privilegie la generación de riqueza y empleo y que condene a los funcionarios que exhiben con soberbia los negocios que castigan, recordando que muchas empresas mexicanas son familiares y operan con márgenes reducidos.